STS 852/2026, de 3 de noviembre (Sala de lo Social, Pleno, rec. 4863/2024). Ponente: Juan Molins García-Atance.
El caso
El 22 de mayo de 2019, un trabajador de una empresa que alquilaba grupos electrógenos trabajaba junto a una torreta eléctrica en Bakio (Bizkaia) con operarios de otra contrata, EDS Ingeniería y Montajes. A petición de uno de ellos se colocó al pie de la torreta para desenredar un cable de la polea. En ese momento, a otro operario se le escapó de la mano un cable de unos 67 kg desde unos 9-10 metros de altura, que le golpeó en la nuca. Estuvo 80 días de baja.
La Inspección de Trabajo concluyó que EDS no siguió un procedimiento seguro (el cable estaba sujeto con una sola brida) ni coordinó la prevención con la otra empresa. Propuso una multa de 2.046 € y un recargo de prestaciones. El INSS impuso a EDS un recargo del 30 %, pero el expediente duró más de los 135 días que fija la norma.
EDS alegó que, por ese retraso, el expediente había caducado. El Juzgado de lo Social n.º 10 de Bilbao y el TSJ del País Vasco rechazaron su demanda. La empresa recurrió en casación para la unificación de doctrina.
La decisión del Tribunal Supremo
El Pleno de la Sala desestima el recurso y confirma el recargo. Sus argumentos principales:
- El recargo tiene naturaleza mixta. Cumple a la vez una función sancionadora y otra indemnizatoria. No es una simple multa: lo impone la Seguridad Social al empresario, pero su importe lo cobra el trabajador accidentado.
- Superar el plazo no produce caducidad. La Ley 39/2015 solo prevé la caducidad en los procedimientos sancionadores o de gravamen. El de recargo puede reconocer derechos al trabajador, por lo que el retraso equivale a una desestimación por silencio administrativo.
- El retraso de la Administración no puede perjudicar al trabajador. Si el expediente caducara, el trabajador podría perder el recargo por prescripción o verse obligado a esperar a un nuevo expediente. Con el silencio negativo, puede acudir directamente a los tribunales.
- Se mantiene la doctrina anterior. El Supremo ya había negado la caducidad de estos expedientes desde 2006 y confirma ese criterio con la normativa vigente. La empresa paga además 1.500 € de costas y pierde el depósito.
La sentencia cuenta con un voto particular de dos magistrados. Consideran que el recurso no debía admitirse y que, en todo caso, el recargo debería tener las garantías propias de las sanciones, incluida la caducidad.
Las claves
- Para el trabajador: aunque el INSS tarde más de 135 días en resolver, no pierde su derecho al recargo. Puede reclamarlo en los tribunales.
- Para la empresa: no puede librarse del recargo alegando que el expediente se resolvió fuera de plazo.
- Compatibilidades: el Supremo recuerda que el recargo, que oscila entre el 30 % y el 50 % según la gravedad de la falta, es compatible con la multa administrativa y con la indemnización por responsabilidad civil, y que no puede asegurarse.