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El Supremo confirma la condena por estafa a una falsa psicóloga que cobró por tratamientos inexistentes

· Carlos Moreno Otto, abogado · colegiado n.º 2325

STS 638/2026, de 28 de octubre (Sala de lo Penal, rec. 5786/2023). Ponente: Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.

El caso

La acusada fundó una asociación de ayuda en trastornos alimentarios y se hacía pasar por psicóloga sin serlo. Cobraba por tratamientos que nunca prestó a dos personas vulnerables:

  • Una menor con obesidad mórbida, que vivió en su casa entre 2009 y 2013. Además, convenció a la madre de que pagara 17.200 € para entablar una reclamación judicial contra el colegio que nunca se llegó a presentar.
  • Un hombre con demencia de lóbulo frontal, tratado entre 2015 y 2016 a cambio de 1.600 € al mes. Ganada su confianza, obtuvo un poder general y fue retirando dinero de su cuenta hasta quedarse con 18.809 €.

La Audiencia Provincial de León la condenó por un delito continuado de estafa agravada (art. 250.1.5.º CP) a tres años de prisión, seis meses de multa e indemnizaciones a las víctimas. La absolvió del delito de intrusismo y absolvió también a su marido. El TSJ de Castilla y León confirmó la sentencia.

La decisión del Tribunal Supremo

La Sala desestima el recurso de casación y confirma la condena. Sus argumentos principales:

  • Cabe el delito continuado aunque haya dos víctimas y dos años entre los fraudes. Lo decisivo es la unidad de plan, la misma dinámica y la homogeneidad de la infracción. La conexión temporal no se mide en un plazo fijo, sino según las circunstancias de cada caso.
  • La agravación por superar los 50.000 € se calcula sobre el total. En el delito continuado contra el patrimonio se atiende al perjuicio total (art. 74.2 CP). El Supremo recuerda que valor de la defraudación y perjuicio son conceptos distintos, aunque aquí coinciden.
  • No se descuentan los gastos de alojar a la menor. No se acreditó su importe ni se daban los requisitos de liquidez y exigibilidad de la compensación (art. 1196 CC).
  • No se puede revisar toda la prueba por el cauce del art. 849.2 LECrim. Este motivo solo permite corregir los hechos con documentos que acrediten el error por sí solos. Las testificales y el cuaderno del perjudicado no lo son.
  • Hay prueba de cargo suficiente. Pesaron el deterioro cognitivo del perjudicado, la declaración de la empleada del banco (la acusada le decía qué cantidades retirar), el poder obtenido y la cancelación de una póliza y un fondo de inversión.

Las costas del recurso se imponen a los recurrentes.

Por qué importa

La sentencia aclara que un delito continuado puede abarcar fraudes a víctimas distintas separados por un tiempo considerable, y que ese conjunto sirve para aplicar el tipo agravado por cuantía. También recuerda los estrechos límites del recurso de casación penal para discutir la valoración de la prueba.

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