STS 1660/2026, de 27 de octubre (Sala de lo Civil, rec. 77/2026). Ponente: Rafael Sarazá Jimena.
El caso
Una deudora demandó a Intrum Investment nº 1 DAC por incluir sus datos en el fichero de morosos ASNEF. Reconocía la existencia de la deuda, pero alegaba que no se le había practicado el requerimiento previo de pago. El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona y la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3ª) estimaron la demanda y declararon vulnerado su derecho al honor, al no constar probado dicho requerimiento.
Sin embargo, la demandante figuraba en el fichero por 14 deudas distintas entre 2019 y 2022, seis de ellas anteriores a la que originó el litigio y tres simultáneas.
La decisión del Tribunal Supremo
El Supremo estima el recurso de casación de la acreedora, revoca la sentencia de primera instancia y desestima la demanda. Sus argumentos principales:
- No se vulnera el honor por constar como moroso por varias deudas. Lo que lesiona el honor es aparecer como moroso sin serlo, no figurar por una deuda mayor o menor, o por más o menos deudas.
- El requerimiento de pago tiene carácter funcional. Su finalidad es evitar que se incluya en estos registros a quien no pagó por un simple descuido, un error bancario u otra circunstancia similar que no revela insolvencia. Si el requerimiento no habría evitado el impago, su ausencia o defecto es irrelevante para valorar la intromisión ilegítima.
- Deuda cierta, líquida y exigible que sigue sin pagarse. Aunque la afectada ya conocía su inclusión en el fichero, no abonó la deuda. Por tanto, el requerimiento no habría cambiado nada.
Una advertencia sobre la litigación en masa
El Tribunal censura este tipo de demandas por suponer una banalización de los derechos fundamentales, al pretender amparar bajo su protección una pretensión sin base razonable, enmarcada en el fenómeno de la litigación en masa. Condena además a la demandante a las costas de primera instancia.
Por qué importa
La sentencia refuerza la doctrina de que la falta de requerimiento previo no conlleva automáticamente una intromisión en el honor cuando el deudor es un incumplidor reiterado y la deuda es real y exigible. Es un criterio relevante tanto para entidades acreedoras como para quienes valoren reclamar por inclusión indebida en ficheros de solvencia.
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