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Guía · Accidentes laborales

Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad

Qué es el recargo del 30 al 50 %, por qué no puede asegurarse, cómo se tramita ante el INSS y cómo se defiende la empresa.

En resumen

  • Si un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se debe a la falta de medidas de seguridad, todas las prestaciones económicas que se deriven se incrementan entre un 30 % y un 50 % (art. 164 de la Ley General de la Seguridad Social).
  • Lo paga directamente la empresa infractora y no puede asegurarse: cualquier pacto para cubrirlo o transmitirlo es nulo.
  • Lo declara el INSS y es compatible con la sanción administrativa, la responsabilidad penal y la indemnización civil.

Qué es el recargo

El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece que las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional se aumentan, según la gravedad de la falta, entre un 30 % y un 50 % cuando la lesión se produce por máquinas, instalaciones o lugares de trabajo que carecen de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tienen inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se han observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud.

El recargo se aplica a todas las prestaciones económicas que tengan su origen en el accidente: incapacidad temporal, incapacidad permanente en cualquier grado, y muerte y supervivencia (viudedad, orfandad, a favor de familiares y auxilio por defunción). No se aplica a las mejoras voluntarias pactadas en convenio.

Por qué no puede asegurarse

La responsabilidad del pago recae directamente sobre el empresario infractor, y la ley declara nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que pretenda cubrirla, compensarla o transmitirla (art. 164.2 LGSS). Esto tiene consecuencias prácticas importantes:

  • El seguro de responsabilidad civil patronal puede cubrir la indemnización civil por los daños del trabajador, pero no el recargo.
  • Cuando el recargo afecta a una pensión, la Tesorería General de la Seguridad Social exige a la empresa que ingrese el capital coste correspondiente, lo que puede suponer un importe elevado de una sola vez.
  • La mutua o el INSS pagan la prestación ordinaria; el recargo es a cargo exclusivo de la empresa, y la entidad gestora no lo anticipa: se abona una vez que la empresa ha constituido el capital correspondiente (art. 16.3 de la Orden de 18 de enero de 1996).

Cómo se tramita

  1. El expediente lo resuelve la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que declara la responsabilidad de la empresa y fija el porcentaje. Se inicia de oficio a propuesta de la Inspección de Trabajo, tras investigar el accidente, o a solicitud del trabajador o de sus familiares (Orden de 18 de enero de 1996).
  2. La empresa puede presentar alegaciones y pruebas: evaluación de riesgos, formación, entrega de equipos de protección, instrucciones dadas y conducta del trabajador.
  3. El INSS debe resolver en 135 días; si no lo hace, la solicitud puede entenderse desestimada (art. 14 de la Orden). El Tribunal Supremo, en Pleno, ha declarado que superar ese plazo no produce la caducidad del expediente (sentencia 852/2026, de 3 de noviembre), por lo que la defensa de la empresa debe centrarse en el fondo.
  4. Si hay un proceso penal por los mismos hechos, el expediente puede suspenderse en cuanto al recargo hasta que termine (art. 16.2 de la Orden).
  5. Contra la resolución cabe reclamación previa y después demanda ante el Juzgado de lo Social.

El derecho a reclamar el recargo prescribe a los cinco años (art. 53 LGSS). El inicio de ese plazo tiene reglas propias que ha ido precisando el Tribunal Supremo, por lo que conviene revisarlo en cada caso.

Cómo se fija el porcentaje

  • Depende de la gravedad de la falta de la empresa, no automáticamente de cómo se haya calificado la infracción en el acta de la Inspección.
  • La imprudencia profesional del trabajador (la que nace de la confianza en un trabajo habitual) no exime a la empresa, pero puede justificar un porcentaje menor.
  • La imprudencia temeraria del trabajador, o un accidente que no guarde relación con la falta de medidas, puede excluir el recargo.

Contratas, subcontratas y sucesión de empresas

  • Contratas: la empresa principal puede responder junto con la contratista cuando el accidente se produce en su ámbito de control y deriva de un incumplimiento propio, por ejemplo de sus deberes de coordinación o vigilancia. No responde por el solo hecho de haber contratado.
  • Sucesión de empresa: el Tribunal Supremo (sentencia de 23 de marzo de 2015, rcud 2057/2014, caso Uralita) rectificó expresamente su doctrina anterior y declaró que la responsabilidad por el recargo se transmite a la empresa sucesora, también por infracciones anteriores a la sucesión, en los casos de fusión, escisión y transmisión global del patrimonio.

Relación con otras responsabilidades

El recargo es independiente y compatible con las responsabilidades de todo orden que puedan derivarse de la infracción, incluida la penal (art. 164.3 LGSS), con la sanción administrativa y con la indemnización civil de daños y perjuicios. Por eso, en un mismo accidente pueden coexistir el expediente de recargo, un procedimiento sancionador, diligencias penales y una reclamación de daños frente a la empresa y su aseguradora.

Lo que se decida sobre la falta de medidas en uno de ellos puede influir en los demás, por lo que conviene coordinar la defensa desde el primer momento.

Cómo trabajamos

Defendemos a empresas en los expedientes de recargo ante el INSS y en el Juzgado de lo Social, y a sus aseguradoras de responsabilidad civil patronal en las reclamaciones de daños derivadas del mismo accidente, coordinando ambas defensas. También asesoramos a trabajadores y familiares sobre el alcance del recargo y de la indemnización.

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